Violencia doméstica

Acción Mundial por las Mujeres en Venezuela - Actúa


En Venezuela, miles de mujeres sufren abusos físicos, sexuales o psicológicos a manos de familiares. Sólo en 2007, 4.484 mujeres utilizaron la línea de atención telefónica creada por el Instituto Nacional de la Mujer para pedir ayuda. Sin embargo, muchas otras tienen demasiado miedo como para denunciar la violencia.

Las autoridades venezolanas han tomado medidas positivas para erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar con la promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007. La ley es una valiosa herramienta que fortalece el acceso de las mujeres a sus derechos, y ofrece a miles de ellas la posibilidad de mejorar realmente sus vidas.

Sin embargo, aunque la promulgación de la ley se acogió con satisfacción, su aplicación dista mucho de ser satisfactoria. Como consecuencia, muchas mujeres siguen siendo víctimas de la violencia y no pueden huir de la situación en la que se encuentran ni tampoco denunciarla. Los abusos permanecen ocultos y con frecuencia sus autores no reciben ningún castigo.

Un importante obstáculo que dificulta la erradicación de la violencia doméstica es la escasez de casas de abrigo, ya que las mujeres víctimas de la violencia pueden encontrarse con que no tienen dónde refugiarse. La ley de 2007 reconoce que las autoridades venezolanas son responsables de velar por la seguridad de las mujeres que huyen de relaciones violentas. Sin embargo, para una población de más de 10 millones de mujeres, en todo el país sólo hay dos casas de abrigo gestionadas por las autoridades nacionales para víctimas de la violencia. Se necesitan más casas de abrigo urgentemente.

Por otra parte, para acabar con la violencia doméstica es preciso que las mujeres puedan denunciar los abusos con seguridad y sin temor. Deberían contar con unas fuerzas policiales que ayudan y aconsejan a las supervivientes, que hacen cumplir las medidas de protección y que investigan las denuncias de violencia doméstica. Desgraciadamente, esto no es así en Venezuela, y según las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional, las preguntas impertinentes, sentenciosas y fuera de lugar que les hace policía las hacen sentir que sus denuncias carecen de importancia y las desaniman a denunciar.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir formación en materia legislativa y en cómo tratar a las víctimas de violencia doméstica. La ley de 2007 hace responsable al gobierno, y sobre todo al Ministerio del Interior y Justicia, de impartir dicha formación. Sin embargo, el número de programas de formación que se han creado hasta ahora es insuficiente y no llega a la mayoría de los agentes de policía encargados de gestionar las denuncias de violencia doméstica.

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